En el marco del Programa de Rendición de Cuentas y Transparencia de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL), LAB-CO acompaña a las Fiscalías Generales de Justicia de los estados de Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán y Coahuila, así como a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo en la implementación de estrategias para eficientizar la detección, investigación y persecución de hechos relacionados con actos de corrupción cometidos por parte de su propio personal.

La corrupción en las Fiscalías de México

En diversas entidades federativas de la República Mexicana existe una alta percepción de corrupción de las autoridades por parte de la ciudadanía. De manera particular, las Fiscalías con sus ministerios públicos y policías de investigación se perciben entre las más corruptas del país, siendo la tercera categoría de instituciones o sectores con mayor percepción de corrupción, solo detrás de las policías y los partidos políticos.

De hecho, en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 (ENCIG), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 73% de las personas mayores de 18 años a nivel nacional perciben que es frecuente o muy frecuente que el Ministerio Público y las fiscalías estatales sean corruptas.

Por otra parte, la baja cantidad de sanciones emitidas por la comisión de faltas administrativas y delitos cometidos por el personal que forma parte de las fiscalías estatales, así como la prevalencia de un enfoque que prioriza la lucha en contra de la corrupción externa o “la gran corrupción”, tiende a dejar de lado la atención a la corrupción que se comete de forma interna. Esto ha sumado de manera negativa a una percepción de impunidad por parte de la ciudadanía.

Para atender este problema, existen diferentes áreas y mecanismos institucionales para detectar, investigar y perseguir los hechos relacionados con actos de corrupción al interior de las Fiscalías en México; ya sea a través de las Visitadurías, las Unidades de Asuntos Internos, los Órganos Internos de Control, entre otros. Estas áreas especializadas trabajan de manera paralela para atender las faltas administrativas y los delitos relacionados con hechos de corrupción.

Al respecto, es importante distinguir que las faltas administrativas se realizan en incumplimiento a la normatividad que guía el desempeño de las y los servidores públicos, en tanto que, los delitos son cometidos al infringir la ley penal intencionalmente para afectar a las personas, lo cual se agrava al ser personal responsable de la procuración de justicia.

Si bien, existen las leyes estatales de Responsabilidades Administrativas y los Códigos Penales de cada entidad, donde se señala qué acciones son una falta administrativa y cuáles son un delito cometido por las personas funcionarias públicas, es necesario señalar que, hasta el momento, en la mayoría de las Fiscalías del país no existe un marco de referencia o un proceso estandarizado que permita a estas áreas actuar de manera sistemática y coordinada ante un acto de corrupción cometido al interior de la propia institución. 

El Modelo CONFÍA, un marco de acción para el combate a la corrupción en las Fiscalías del México

Con el apoyo de INL, LAB-CO desarrolló el Modelo CONFÍA. De manera colaborativa y mediante iteraciones, se consideró la experiencia de las personas funcionarias de las áreas encargadas de detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción (ya fueran faltas administrativas o delitos) al interior de las Fiscalías Generales de Justicia de los cinco estados participantes en el Programa.

En términos generales, las iteraciones realizadas han permitido construir un marco de referencia homologado para detectar, investigar y sancionar de manera más eficiente los actos de corrupción cometidos por el personal de las Fiscalías. El Modelo CONFÍA está organizado en siete componentes, que abarcan los siguientes ámbitos:

1. En la detección, el Modelo CONFÍA se enfoca en la evaluación técnico-jurídica y la gestión de quejas para identificar y canalizar casos de corrupción de manera proactiva y reactiva.
2. La investigación abarca la gestión de casos administrativos y penales, garantizando una planificación y análisis exhaustivo de los casos más relevantes.
3. En la persecución, se optimizan los procesos legales para asegurar resultados favorables a través de la substanciación administrativa y la persecución penal.
4. Finalmente, en la sanción, aplicable únicamente a las faltas administrativas no graves, se busca unificar los criterios para la imposición de sanciones y registrar sistemáticamente a las o los infractores.

Aplicación y resultados preliminares del Modelo CONFÍA

La implementación del Modelo CONFÍA ha logrado avances importantes, tales como:

1. En Hidalgo y Zacatecas, ha contribuido al rediseño normativo de áreas de supervisión anticorrupción, con propuestas de reforma a sus leyes orgánicas.
2. En Tamaulipas, se ha trabajado en la reorganización de las unidades de investigación penal y administrativa, lo cual ha resultado en un aumento significativo de la productividad.
3. Se ha fortalecido la metodología de planeación de evaluaciones técnico-jurídicas en Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán y Coahuila, incluyendo el análisis de datos para mejorar la detección de posibles casos de corrupción.
4. En cuanto a la judicialización, se han realizado esfuerzos en Tamaulipas, Zacatecas y Michoacán para mejorar la calidad de las investigaciones y la persecución penal.
5. Finalmente, en Zacatecas, se ha colaborado estrechamente con el Órgano Interno de Control (OIC) para mejorar la atención al público y el procesamiento de quejas.